Vigo 15/01/2022 | Las empresas situadas en la ribera del mar ven peligrar su continuidad por la forma en la que está redactada actualmente la ley.
El sector mar industria alimentario gallego considera que el actual marco normativo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en vigor desde mayo del pasado año ha generado una situación de “total incertidumbre” sobre la continuidad de las actividades de sus empresas en la ribera del mar a corto y medio plazo.
Las empresas, para operar, invertir, crecer, crear empleo y pensar en un futuro, necesitan principalmente seguridad jurídica, cosa que con esta Ley no se consigue tener, al menos, en lo que respecta a su controvertido artículo 20 que establece que el plazo de las concesiones y sus prórrogas no podrán sobrepasar los 75 años. El problema no es tanto el plazo establecido, como el momento en el que la ley considera que se inicia el cómputo, y que es, empezando a contar desde la fecha de la primera licencia.
El sector mar industria, encabezado por las organizaciones sectoriales AGADE, Anfaco-Cecopesca, APROMAR, Clúster de Acuicultura y Mexillón de Galicia sin embargo lo que propone es corregir este controvertido artículo 20 que, por otra parte, representa una modificación del Reglamento de la Ley de Costas. Su propuesta pasa por establecer un nuevo cómputo, una consideración que viene avalada por el propio Consejo de Estado y corroborado por un informe de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia y del Consejo Consultivo Gallego.
La oportunidad de realizar esos cambios es ahora, durante la fase de alegaciones del proyecto de Real Decreto que modifica el citado Reglamento General de Costas. El sector mar industria, como señalan a través de un comunicado, han centrado la base de sus alegaciones en el ajuste y concreción de determinados aspectos técnicos y jurídicos de este proyecto de real decreto y los mecanismos legales para que, en el caso de vencimiento de las concesiones, respete el principio de concurrencia de acceso al dominio público.
Para ello, las empresas afectadas piden que se facilite y promueva por parte de las Administraciones el mantenimiento de las empresas afectadas y sus instalaciones en la ribera del mar, ya sea por su concesionario inicial o por uno nuevo que resulte de un concurso público, de tal forma que tanto la actividad productiva como el empleo no desaparezcan.
De esta forma, señalan, “entendemos que se contribuiría decisivamente a preservar el rico tejido productivo situado en la ribera del mar que el sector mar industria alimentario ha venido desarrollando y gestionando”.
Otra de las alegaciones relevantes es que la extensión del plazo concesional máximo de 75 años para determinadas actividades, que establece el actual Reglamento de Costas, se haga extensible a las empresas auxiliares de cultivos marinos y a todos aquellos operadores alimentarios de productos del mar que justifiquen la necesidad de una acometida directa de agua salada en su proceso productivo.
Finalmente proponen la adopción de un “tema novedoso” consistente en que los plazos concesionales para las tomas de agua de mar y de emisarios para el vertido de aguas residuales, que necesariamente deben ocupar dominio público, tengan el mismo plazo que la concesión de la actividad cuando la empresa se sitúe mayoritariamente en el dominio público y que no tengan una fecha de caducidad preestablecida, sino que queden vinculados al mantenimiento de la actividad económica de la instalación, cuando esta se encuentre situada en terrenos privados.
A través de estas alegaciones, las entidades afectadas y sus empresas asociadas buscan la receptividad por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para “aclarar la inseguridad jurídica” del artículo 20, concretamente, sobre los plazos de las concesiones situadas en el dominio público marítimo-terrestre.
