El pueblo cubano de Guanímar no quiere huir del mar El viejo conflicto entre abandonarlo todo y resguardar la vida se reaviva con el nuevo ordenamiento territorial de Cuba.

El murallón que bordea la costa de Guanímar acelera la erosión y la pérdida de terreno.

LA HABANA, 25 mar 2014 (IPS) – Al poblado de Guanímar, en la costa del sudoeste de Cuba, se llega por una carretera tan angosta como el futuro de sus 252 habitantes, que se resisten a abandonar esta zona expuesta a huracanes, marejadas e inundaciones.

«Sin la pesca la gente no sabrá de qué vivir», dice a Tierramérica con un gesto de angustia Maricela Pérez, de 63 años, que tiene una casa a pocos metros de la playa.

«No soportamos otro lugar. Somos nacidos y criados aquí», apunta Mayelín Hernández, trabajadora del hogar que retornó al litoral hace dos años.

Según ella, muchas familias reubicadas por el gobierno local en lugares seguros regresan a este asentamiento de 152 viviendas ligeras y humildes, para seguir pescando en el Golfo de Batabanó como lo hicieron sus antepasados.

«Cierran su casa en Alquízar (municipio cercano, de la provincia de Artemisa) y están más tiempo aquí, en los ‘quimbos’ (habitaciones precarias hechas con restos de una casa destruida)», detalla la mujer de 41 años e hija de pescadores. Ella dejó una finca nueve kilómetros tierra adentro para regresar a la playa.

El viejo conflicto entre abandonarlo todo y resguardar la vida se reaviva con el nuevo ordenamiento territorial que está determinando en Cuba las zonas para viviendas, desarrollo económico y manejo o protección especial, como las costas.

Esta política, que en 2014 pasa a una etapa más práctica, busca abatir ilegalidades urbanísticas y de uso de la tierra y actualizar los catastros y planes de ordenamiento de los 168 municipios cubanos.

Guanímar está en una franja costera situada al sur de La Habana que, junto con la costa norteña de la capital, conforma la zona más susceptible a inundaciones por ciclones y vientos de este archipiélago enclavado en el Trópico de Cáncer y en el centro del mar Caribe, un corredor de frecuentes tormentas tropicales.

Se estima que para 2050 el mar en elevación habrá cubierto 2,3 por ciento del territorio nacional.

Por eso, el ordenamiento territorial pone el acento en los 5.746 kilómetros de costas, incluyendo la isla de La Juventud y 2.500 cayos e islotes, y en la aplicación de más de seis leyes específicas, en especial el decreto ley 212 de Gestión de la Zona Costera, vigente desde 2000.

Se prohíben actividades que aceleren la erosión natural del terreno, ignorada durante siglos, como la construcción y el uso de vehículos automotores en las dunas, vías paralelas a la línea de la costa, muros rígidos y malecones, tala de manglares e introducción de especies exóticas.

Un ejemplo de aplicación radical de la ley es Holguín, 689 kilómetros al noreste de La Habana, donde florece un polo turístico de sol y playas. Hasta julio del año pasado, las autoridades locales habían derrumbado 212 edificaciones estatales que estaban sobre las dunas.

«Se busca proteger el ambiente e ir realizando acciones de adaptación al cambio climático», dice a Tierramérica el inspector ambiental Yailer Sánchez, de la estatal Unidad de Medio Ambiente.

Las construcciones privadas sobre la arena son la violación más frecuente del decreto ley 212, según Sánchez. El objetivo de las autoridades es eliminarlas y reubicarlas en el plazo de dos años.

Por tratarse de un tema delicado, el gobierno asegura que las 245 comunidades costeras «tienen un tratamiento especial» en este proceso.

Pero los ecos de este ordenamiento territorial alteran la espesa calma que reina casi siempre en Guanímar, excepto en los cuatro meses del verano boreal, cuando miles de bañistas se refrescan en sus aguas, llegan visitantes temporales a ocupar todas las viviendas y el comercio rebulle con ventas de pescado frito y otras comidas rápidas.

«Esta es la mejor playa de los alrededores», acota Hernández. «Para qué vamos a mentir, no queremos irnos. Corrimos a medir cuando (las autoridades) llegaron y dijeron que iban a sacar a las personas con casas a 50 metros del mar… La mía está a 53 metros», se alegra.

«Se ha dicho que van a dar viviendas fuera de aquí. Pero yo prefiero evacuarme por el ciclón y regresar como siempre», comenta el pescador Narciso Manuel Rodríguez, de 59 años y dueño de una embarcación. Él sabe que la política es reubicar a los habitantes y no permitir que se edifiquen nuevas casas.

La hija de Rodríguez fue trasladada a Alquízar después de que el huracán Charley destruyera su hogar el 13 agosto de 2004, al igual que el grupo damnificado en 2008 por el azote de Gustav y Ike. Gustav «nos dio con todo», pasó a unos cuatro kilómetros de la costa, recuerda el pescador.

En octubre de 1944, Guanímar soportó una de las más devastadoras penetraciones del mar registradas en Cuba. Con alturas de seis metros, las aguas entraron 12 kilómetros tierra adentro.

Cuando hay amenaza de huracán o marejada, las 57 familias que viven sobre la misma playa cargan sus pertenencias, incluidos los animales, en transportes del gobierno local. «En esos momentos se siente que es real el riesgo», explica el concejal de Guanímar, Ricardo Álvarez.

La población «sabe poco sobre los problemas del ambiente. No recibimos ni el periódico», detalla.

Hay que brindar más información a la gente y hacerla participar en la toma de decisiones. «Hay que comprender que estas cosas chocan», insiste.

Por culpa del ordenamiento también se retirará de las dunas la tienda estatal donde se expenden los productos subsidiados de la cartilla de racionamiento. «Se van perdiendo servicios», lamenta Álvarez.

La escuela primaria cerró hace seis años y no se recuperó el hospital de fisioterapia a base de fango medicinal, que había quedado devastado por los ciclones de 2008.

«Las personas se acostumbran a convivir con el peligro y tienen sus razones para permanecer en su lugar», explica a Tierramérica la bióloga María Elena Perdomo. «Se requiere de un trabajo educativo, convencimiento y, llegado el momento, la inclusión de lo legal», sugiere.

Un estudio de la arquitecta Celene Milanés revela que en 2012 desconocían el decreto ley 212 entre 90 y 95 por ciento de los pobladores encuestados en los sitios costeros de Chivirico, Uvero y la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente.

Los litorales marítimos acogen 60 por ciento de la población mundial, en riesgo por el aumento del nivel del mar. Más de 180 países tienen numerosas poblaciones en zonas muy bajas mientras las grandes ciudades de 130 estados se ubican a pocos kilómetros de la costa.

Este artículo fue publicado originalmente el 22 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.