Jorge Lora Cam

La educación pública en México vive una larga crisis: de proyecto, de identidad, de compromiso estatal, de corrupción y financiamiento, de apoyos, de valoración de la profesión académica. Sería largo enumerar los factores y las dimensiones de esta crisis. Paralelamente, hay una desactivación de la política universitaria, cuando que el universitario es único sector social con capacidad de movilización relativamente constante. En ello tienen gran responsabilidad los estímulos y los cuerpos académicos, focos de micro-corrupción y despolitización. El gobierno juega a un gran proyecto educativo vinculado con un nuevo modelo de acumulación capitalista. Continúa el esquema de privatización. Aumenta la proliferación de universidades privadas con la mercantilización del conocimiento. La desregulación y la anarquía son totales. La venta de la educación como servicio es dominante. La universidad es una empresa que vende el currículum, las plataformas, los materiales de planeación docente, el avance programático, los exámenes, los títulos. Los estímulos y los bajos salarios han distorsionado toda la vida académica, más aún porque están basados en criterios mercantiles y cuantitativos. Todo ello desemboca en el fraude y la simulación.

Necesitamos pensar la educación desde la sociología política y las relaciones internacionales, desde la configuración del proyecto neoliberal hasta la extensión y los límites de la disputa política. Necesitamos entender la naturaleza de la ideología dominante, los grados de movilización política o participación ciudadana, las características del liderazgo político, así como el papel de los partidos y otras instituciones formales del estado. Estos elementos tienen un impacto significativo en el interior de las instituciones de educación superior. Las complejas interacciones entre el estado en sentido amplio y sus instituciones, entre el estado y el poder económico, son un rasgo clave para comprender las fuerzas tras las transformaciones y el gobierno de la educación superior.

La educación es compleja y su análisis atañe a cuestiones económicas y políticas, a la cultura; absolutamente a todo. La cuestión está en sus múltiples dimensiones y en el reto de que la educación formal deje de ser el espacio de lo obligatorio y lo aburrido por ausencia de realidad y de investigación sobre ella misma. Según los defensores de la reforma, la educación está saliendo de sus tiempos más oscuros. Sin embargo, además de no ser cierto, la educación de los jóvenes se da muy parcialmente en la escuela: en gran medida se da en la calle, en los medios, en la familia, en las iglesias, en todos los lugares. Y lo que puede hacerse en la escuela está en gran medida limitado, condicionado, por lo que se lleva a cabo afuera. Se ha reiterado que la televisión y los medios son deseducativos. Y lo son, pero nadie los evalúa. Con eso se introducen todos los antivalores del mundo de los negocios privados, una de las privatizaciones más claras de la educación. Ése es el verdadero proceso de hegemonización de la cultura y de la educación por el capital.

En general, en el campo educativo impera un lenguaje muy impreciso y descuidado. Se utilizan palabras confusas y ambivalentes. No existe precisión respecto a “calidad o excelencia educativa”, sobre a qué se le debe llamar evaluar, si son estímulos, juegos salariales o los complementos jerarquizados de un salario dividido. Confundimos evaluación con medición: evaluar es “juzgar”. La evaluación no puede ser solo cuantitativa y menos sólo laboral; implica la definición de criterios y juicios de valor. Entonces, nos introduce en el ámbito de la filosofía, de la política, de la ética. No basta con técnicos; es necesario incorporar a todos los actores con intereses legítimos en esos ejercicios de evaluación. Debemos desarrollar un concepto educativo profundo, disciplinario, basado en teorías y conceptos bien definidos. La línea de la OCDE y de la UNESCO ha sido evaluar e implantar la cultura de la evaluación tecnocrática. Lo que esas organizaciones entienden por evaluación es un ejercicio productivista, a lo mucho pedagógico o psicologista, cuando no estrictamente laboral. Surge la pregunta de estos tiempos: ¿qué son las competencias y cómo medirlas?

Es fundamental la revaloración de los maestros, pieza clave de la formación: gente con saberes y experiencia, no sólo con formación ética, temática, teórica y práctica, sino didáctica, pedagógica e investigativa. ¿De cuáles de estos elementos disponemos los académicos, los universitarios, para hacer la crítica si hemos aceptado acríticamente antivalores, mecanismos de sometimiento, chantajes, sobornos, corrupción? La desregulación y la privatización han acelerado la lucha por los recursos públicos comercializados. Además, los fondos para la educación pública se utilizan para administrar las pruebas y han dado lugar a una lucrativa industria dominada por empresas privadas de pruebas.

Quisiéramos conocer cuánto queda del pensamiento crítico y el compromiso cívico, hasta dónde ha sido reemplazado por una ideología competitiva en la formación profesional, en la que la educación sólo existe para el objetivo de proporcionar a los estudiantes habilidades relacionadas con el trabajo y competir en una economía globalizada. La retórica del logro, el éxito, la elección y la competencia oscurece a menudo los objetivos estratégicos neoliberales y los motivos de los reformadores de la educación superior. Un proyecto que se apoya en maestros auxiliares mal pagados y fácilmente reemplazables, que aplican técnicas de gestión tipo negocio, y con una toma de decisiones autoritaria no puede tener buen fin; menos aún si para reducir el costo y aprovechar al máximo las instalaciones físicas se exige a los estudiantes completar rápidamente los programas asistiendo a tiempo completo y fomentando la inscripción en las clases en línea. Menores costos con elevados estándares. Las clases en línea permiten que los auxiliares mantengan discusiones, contesten preguntas y califiquen papeles y exámenes cuando estas tareas no se hacen automáticamente. La degradación resultante de los trabajos estudiantiles justificará pagos bajos y debilitará aún más la seguridad laboral.

Los estímulos respecto a competencias y evaluaciones es un gran tema a investigar. ¿Qué tratan de medir las evaluaciones? ¿Qué quieren saber? ¿Cuáles habilidades y competencias se desarrollan y cuáles no? ¿Cuáles herramientas son útiles? ¿Quiénes merecen estímulos y por qué? ¿Por qué se evalúa la cantidad más que la calidad? ¿Por qué un artículo es científico y otro no? ¿Lo deciden las revistas indexadas y selectas? ¿Si se publica en inglés tiene acaso más valor un artículo? Son cuestiones que en esta reforma no se responden. Son instancias que se ubican por encima de la estructura educativa, asignándole la tarea de la evaluación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación aplica por igual un examen a todos los profesores o estudiantes en la educación básica, sin considerar ninguna diferencia. ¿Y respecto a la investigación? ¿Vale igual un artículo en Scopus que un libro producto de la investigación de una década? ¿Quién enseña a investigar? ¿Cuándo el estado dejó de nutrir la investigación, el diseño curricular?

La visión de competencias implica una perspectiva de competencias para la vida y para el trabajo. ¿Cómo se establecen? ¿Cómo se mide su cumplimiento si no es en la práctica?  Y sobre todo, ¿cuál es el diagnóstico nacional que nos permitiría decidir cómo mejoramos la nunca definida “calidad de la educación”? ¿Por qué las dimensiones cualitativas de la educación, como la creatividad, la cultura, la filosofía, las disciplinas sociales, el compromiso de la comunidad y el humanismo, han sido descartadas?